Sociedad Nacional desilucionada e indignadaTras una larga espera de un año y seis meses desde la primera audiencia, este domingo el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Nacional dio a conocer la sentencia contra Ramón Báez Figueroa y los demás acusados de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), donde hubo una estafa al Estado sobre los 70 mil millones de pesos.
El llamado “juicio del Siglo”, en opinión de muchos, no llenó las expectativas, tanto por la condena impuesta a los dos principales imputados como el descargo a otros dos.
Fue una especie de “crónica de una muerte anunciada”, ya que media hora antes de la sentencia corría por los pasillos del Palacio de Justicia que el principal imputados no sería jugado por violación a la Ley de Lavado de Activos (72-200) que castiga a 20 años de cárcel, sino por la violación de la Ley Monetaria, que contempla diez año de prisión.
La sentencia
En la sentencia del caso Baninter, dictada por Primer Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a Ramón Báez Figueroa, presidente del la institución financiera y principal acusado, se le condenó a 10 años de prisión y a un pago de indemnización de más de 63 mil millones de pesos por violación a la Ley Monetaria y Financiera.
De esa suma, 45 mil millones de pesos en indemnización corresponden al Banco Central, 50 millones a la Superintendencia de Bancos y 18 mil millones a la Comisión Liquidadora del Baninter.
Báez Figueroa dijo sentirse tranquilo porque la sentencia había satisfecho en parte el pedido de la barra de la defensa, como fue la exclusión del lavado de activos.
Luís Álvarez Renta fue encontrado culpable y sentenciado a diez años de prisión y al pago de la suma equivalente a 100 salarios bajo la acusación de lavado de activos por usar los fondos de los ahorristas del Baninter en La compra de bienes por millones de dólares. Los condenados cuentan con 20 días laborables para apelar la sentencia.
En cuanto a Marcos Báez Cocco, quien se desempeñaba como vicepresidente del Baninter, fue declarado culpable y su condena será conocida el 16 de noviembre cuando se dará a conocer la sentencia sobre su caso. Báez Cocco está acusado de lavado de activos, abuso de confianza y violación a la Ley Monetaria.
El llamado “juicio del Siglo”, en opinión de muchos, no llenó las expectativas, tanto por la condena impuesta a los dos principales imputados como el descargo a otros dos.
Fue una especie de “crónica de una muerte anunciada”, ya que media hora antes de la sentencia corría por los pasillos del Palacio de Justicia que el principal imputados no sería jugado por violación a la Ley de Lavado de Activos (72-200) que castiga a 20 años de cárcel, sino por la violación de la Ley Monetaria, que contempla diez año de prisión.
La sentencia
En la sentencia del caso Baninter, dictada por Primer Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a Ramón Báez Figueroa, presidente del la institución financiera y principal acusado, se le condenó a 10 años de prisión y a un pago de indemnización de más de 63 mil millones de pesos por violación a la Ley Monetaria y Financiera.
De esa suma, 45 mil millones de pesos en indemnización corresponden al Banco Central, 50 millones a la Superintendencia de Bancos y 18 mil millones a la Comisión Liquidadora del Baninter.
Báez Figueroa dijo sentirse tranquilo porque la sentencia había satisfecho en parte el pedido de la barra de la defensa, como fue la exclusión del lavado de activos.
Luís Álvarez Renta fue encontrado culpable y sentenciado a diez años de prisión y al pago de la suma equivalente a 100 salarios bajo la acusación de lavado de activos por usar los fondos de los ahorristas del Baninter en La compra de bienes por millones de dólares. Los condenados cuentan con 20 días laborables para apelar la sentencia.
En cuanto a Marcos Báez Cocco, quien se desempeñaba como vicepresidente del Baninter, fue declarado culpable y su condena será conocida el 16 de noviembre cuando se dará a conocer la sentencia sobre su caso. Báez Cocco está acusado de lavado de activos, abuso de confianza y violación a la Ley Monetaria.
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