NELSON SOLANO PENA CUMPLIDA SI CONFIESA


NUEVA YORK._ La fiscalía federal del Distrito Sur con sede en Manhattan ofreció al extraditado dominicano Nelson Solano una sentencia de pena cumplida y la deportación inmediata a su país natal a cambio de que se declare culpable por los cargos de conspiración, narcotráfico de cientos de kilos de heroína y lavado (blanqueo) de sumas millonarias de dólares provenientes del ilícito negocio.


Solano Guzmán, cuyo caso fue utilizado durante la campaña electoral de este año por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para vincular al acusado con el presidente Leonel Fernández, quien alegadamente autorizó contratos de obras por más de cinco mil millones de dólares a favor del imputado, fue extraditado a Nueva York por una sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia fechada el 21 de abril del año 2006 a petición de la Oficina de Relaciones Judiciales Internacionales del Departamento de Justicia que logró que un Gran Jurado lo acusara en el 2005.
El reo, confirmó una fuente cercana a sus abogados Ivan S. Fisher y Jessie Siegel, mantiene su declaratoria de “no culpable” y decidió enfrentarse a un juicio fechado el próximo 20 de enero, según lo establecieron la jueza del caso Laura Taylor Swain, los fiscales y sus representantes legales.
La doctora Carmen Espinal lo asiste como intérprete debido a que el acusado no habla inglés.
La causa contra el dominicano acusado de dirigir una banda internacional ha sido pospuesta en cinco ocasiones. La postura del imputado en rechazar la oferta de los fiscales la basa en que de aceptarla, se condenaría a sí mismo “a la muerte social y moral y al ostracismo profesional”.
El expediente está fichado con el número 05CR563 (LTS). De ser hallado culpable, Guzmán Solano se enfrenta a una condena mandatoria de 10 años como pena mínima y a una sentencia máxima de entre 25 años a cadena perpetua.

RECLAMAN VIOLACION
Los parientes del prevenido denuncian que en la decisión para enviarlo a los Estados Unidos, los fiscales dominicanos violaron el Tratado de Extradición entre ambos países que data de 1909.
En una nota escrita enviada a este reportero, el ingeniero Rafael Solano, hermano del reo, sostiene que en el expediente que justificó la extradición, se “sobreacusó” al imputado, lo que es violatorio al artículo IV de dicho tratado que señala que “nadie podrá ser juzgado por motivo distinto al que motivó su entrega”.
Indica que además de los cargos instrumentados por la fiscalía federal de Nueva York, en la República Dominicana, se agregaron otros para poder justificar el juicio de extradición en la Cámara Penal de la Corte Suprema de la República Dominicana. “Los cargos de los que está acusado mi hermano son débiles y peregrinos”, agrega el hermano de Solano por lo que quienes lo extraditaron, tuvieron que añadir nuevas acusaciones.
“La Procuraduría General de la República, representante del Poder Ejecutivo, es la que debe velar por el cumplimiento de las contrapartes signatarias del tratado, el cumplimiento de los articulados del mismo”, indica el ingeniero Guzmán.

Detalla que el solo hecho de enfrentarse a la justicia de los Estados Unidos, supone a cada acusado un gasto económico que ronda los 30 mil dólares dólares y critica el que aunque haya un fiscal adjunto para bregar con las extradiciones, ese proceso es un mero procedimiento administrativo en la Procuraduría General de la República, porque el fiscal a cargo sólo se limita a representar a los Estados Unidos.
“Ninguna autoridad nuestra toma la iniciativa por lo que los fiscales y jueces de Estados Unidos están sólo sujetos a sus criterios, atropellando no sólo los derechos del ciudadano dominicano, sino también la propia dignidad de nuestra patria”, añade el hermano del acusado.
Pide finalmente que el embajador dominicano en Washington y otros representantes del país en Estados Unidos, tomen acciones ante esas violaciones.
Solano Guzmán apareció en medios nacionales e internacionales en fotografías y videos junto al presidente Fernández, pero la presunta relación entre ambos fue desmentida por los voceros de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quienes negaron que el gobierno otorgara contratos por más de cinco mil millones de dólares al acusado, diciendo que esa cifra supera en 50 por ciento el presupuesto nacional.