EN GOBIERNO DE OBAMA MAS DE UN MILLON DE DEPORTADOS
Cristina F. PeredaEl resultado de tres años aplicando las leyes de inmigración. La suma de tres récords consecutivos de expulsiones del país. Y la cifra de la que alertaban los líderes hispanos, que amenazaron al presidente con retirar su apoyo en las próximas elecciones si Obama superaba el millón de deportados.
Quedan muchos meses todavía para saberlo y las primeras encuestas apuntan a lo contrario, pero de momento permanece la duda: ¿por qué un presidente que prometió una reforma legal que favorecería a millones de hispanos indocumentados ha aplicado con tanta dureza las leyes heredadas del ex presidente Bush?
La respuesta no es sencilla y puede que no cristalice hasta bien entrada la campaña electoral. Obama prometió una reforma sabiendo que necesitaría el respaldo de los políticos republicanos, más o menos favorables a un cambio en el sistema de inmigración. Y sólo había un argumento que ayudaría a sumar apoyos en las filas de la oposición: reforzar y mejorar la seguridad en la frontera y demostrar que se estaban aplicando las leyes existentes.
Lo que encontró al llegar a la Casa Blanca fue bien distinto. La reforma del sistema sanitario y la crisis económica absorbieron la agenda del presidente en los primeros doce meses. En el segundo año, las elecciones legislativas estaban demasiado cerca. Y entre aquel noviembre 2010 y hoy, la mayoría republicana en el Congreso ha bloqueado cualquier propuesta relacionada con la inmigración. Su condición es sencilla: no hay reforma ni debate hasta que la seguridad en la frontera esté garantizada.
Obama puede responder a este argumento con diversos informes, incluido uno del FBI, que demuestran que algunas de las ciudades de la frontera con México son las más seguras de todo el país. Sin embargo, también tiene que rendir cuentas con la tercera parte implicada en este asunto: los protagonistas.
El 46 por ciento de los hispanos que residen en Estados Unidos tienen un pariente indocumentado. Son futuros votantes que al escuchar hablar de la política de inmigración de Obama no piensan en la frontera, sino en las deportaciones.
El Gobierno reveló recientemente que ha deportado a casi 400.000 personas en los últimos 12 meses, de los que un 55 por ciento tiene antecedentes penales. Este porcentaje supone un aumento del 89 por ciento con respecto a 2008, pero también significa que un 45 por ciento de los expulsados no ha cometido mayor delito que entrar ilegalmente en el país o permanecer dentro de las fronteras estadounidenses con un visado caducado.
Gracias al programa Comunidades Seguras -instaurado por Bush en 2008-, la policía de muchos estados puede compartir los datos de cualquier persona que detengan -por una infracción de tráfico, por no llevar licencia para conducir- y comprobar si residen legalmente en el país. La Casa Blanca anunció la pasada primavera que el programa sería obligatorio a nivel nacional en 2013. En las localidades donde ya se aplica, las organizaciones por los derechos de los inmigrantes advierten que los ciudadanos no ven a las autoridades como un símbolo de seguridad y protección, sino como una amenaza.
Según un estudio publicado hoy por la Universidad de Berkley, en California, casi un tercio de los deportados tiene familiares estadounidenses, lo que contribuye a la separación de familias. Son los llamados “daños colaterales” de la política de inmigración de Obama y una de las consecuencias de su riguroso plan para convencer a los Republicanos de que la reforma es más necesaria que nunca.
La oposición pidió dureza y el presidente, má
s riguroso que el último presidente republicano, puede responder con un millón de deportados. La oposición exigió seguridad en la frontera y el presidente puede contestar con cifras de incidentes. Y la oposición puede insistir en que se apliquen las leyes existentes porque el sistema funciona y el presidente puede decir que no, que miles de niños estadounidenses son separados de sus padres indocumentados cada año.
Unos y otros tendrán que convencer a los votantes dentro de un año. De momento, Obama ha dado un paso que ha sido bien recibido por la comunidad hispana, según una encuesta que detallábamos recientemente. En verano confirmó que cancelaba todas las deportaciones de indocumentados que no tengan antecedentes penales después de una semana de manifestaciones en varias ciudades de todo el país en protesta por los récords de expulsiones.
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